La condena en mi contra: golpeado, pero no vencido

19/02/2018 – Ricardo Puentes Melo

De todo me ha pasado, como para terminar asustándome por una condena que una camarilla judicial urdió y sacó adelante. Me reafirmo: Hubo prevaricato en el proceso contra los militares del Palacio de Justicia y, especialmente, contra el coronel Alfonso Plazas Vega.

Corría el año 2009, nadie daba un peso por la inocencia del coronel Alfonso Plazas Vega. Salvo Fernando Londoño y Eduardo Mackenzie, toda la prensa colombiana lo señalaba de ser autor de la tortura y desaparición de once personas durante los hechos cruentos de la salvaje toma del Palacio de Justicia, hecha por los narcoterroristas del M19 por órdenes del capo Pablo Escobar Gaviria.

A pesar de que todo jugaba en contra, los artículos de Mackenzie que rodaban por internet me sembraron la duda. Desde hacía años, en una página que ya no existe, yo había venido denunciando cómo Lucho Garzón cedía contratos en la alcaldía a bandidos de las FARC, cómo Samuel Moreno, Petro y un montón de pillos tenían alianzas torcidas con todo tipo de criminales, en detrimento de las arcas del país y de su sistema de justicia, y pude comprobar que la gran prensa de Colombia estaba en manos de la izquierda desde hacía muchas, muchas décadas. Y que nadie se había dado cuenta. Así que, aunque la prensa lo masacraba casi a diario, mientras ensalzaba las presuntas virtudes y valentía de la “Fiscal de Hierro”, Ángela María Buitrago, y de la juez María Stella Jara, a quienes hasta los documentalistas europeos y canadienses les dedicaron kilométricos filmes que las elevaban a heroínas de la patria, decidí investigar bien el caso de Plazas Vega.

Encontré varias cosas. Pero las más importantes fueron:

1.- Que el personaje que con más ahínco atacaba a Plazas Vega, mediáticamente y en los estrados judiciales, René Guarín Cortés, era en realidad un antiguo secuestrador, un terrorista del M19 que había estado envuelto en asesinatos de policías (cuando fue capturado por secuestrar a un empresario colombiano, llevaba en sus manos armas despojadas a un policía al que masacraron. Y, no solamente eso, su hermana, que era tenida por una tranquila cajera de la cafetería del Palacio de Justicia, era en realidad otra siniestra terrorista del M19. Denuncié esa aberración y dije que ese personaje se paseaba por los pasillos de la Corte Suprema, que escribía sobre temas jurídicos en la revista de la Alta Corte, y que sus actos de camaradería con la Fiscal Buitrago y con la Juez, evidente para todos en las audiencias, eran no solo inaceptables sino que rayaban en inhabilidades.

2. Revelé que varios miembros del Colectivo de abogados Alvear Restrepo, que hacían mancuerna con la Fiscal Buitrago contra los militares del caso del Palacio de Justicia, eran reconocidos terroristas del M19.

3. Descubrí que no había desaparecidos. En una entrevista con el director científico de la exhumación de los cuerpos del Palacio de Justicia, José Vicente Rodríguez nos contó que había 22 cadáveres incinerados entre los cuales estaban los “desaparecidos” del Palacio de Justicia. Que esos 22 cuerpos estaban en poder del CTI, que la Fiscal Buitrago lo sabía perfectamente, y que a uno de esos 22 cuerpos se le habían hecho pruebas de ADN y había resultado ser uno de los desaparecidos, Ana Rosa Castiblanco. En vista de eso, la Fiscalía había embolatado los cadáveres. Varios informantes me aseguraron que habían enterrado esos restos en diferentes sitios del país. Esto, luego de la sentencia en última instancia absolutoria para Plazas, se puso en evidencia. Los cuerpos han ido apareciendo poco a poco.

4. Descubrí y entrevisté al principal testigo directo que la Fiscal usaba contra el Coronel Plazas. El “testigo estrella”, Edgar Villamizar Espinel, me dijo que el testimonio que esgrimía la Buitrago era falso. Que era falso que él se hubiera reunido con ella, que no la conocía. Que jamás había estado en los hechos del Palacio de Justicia y, lo más grave, que la firma que aparecía en ese testimonio con el que acababan de condenar a Plazas Vega a prisión por el resto de su vida, había sido falsificada. Eso mismo declaró ante la Procuraduría General de la Nación, y ante el juez que llevaba el caso del Palacio de Justicia contra otros militares.

Todo eso lo empecé a publicar desde el 2010, en estas páginas.

A raíz del descubrimiento sobre René Guarín, el Fiscal encargado Luis Mendoza Diago relevó de su cargo como Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia a la Buitrago; le quitó el manejo de los procesos del Palacio de Justicia (y otros), que era una forma elegante de decirle que renunciara. Ella lo hizo y Mendoza le aceptó la renuncia, lo que ocasionó una asonada mediática de Ángela María Buitrago contra Mendoza.

El abogado Jaime Granados declaró ante los medios que “”sería absurdo que la verdad no prevaleciera sobre este grave caso de suplantación, prevaricato y fraude procesal de una fiscal y un procurador delegado y tengan que pasar años para interponer otro recurso de revisión”.

Por esto, a la entonces fiscal Buitrago no le gustó nada ver cómo se derrumbaba la tramoya de sus infamias, acolitadas por el sistema de justicia, y me colocó una denuncia penal. Durante esos días, una de mis fuentes, que está muy vinculada con el G2 cubano, me llamó y me dijo que mis teléfonos celulares, correos electrónicos, redes sociales, y hasta las computadoras de mi casa, de mis hijos, estaban siendo interceptados. Escribí varias veces a la ya nombrada Fiscal General Viviane Aleyda Morales, compa de la Buitrago, para que se me informara si había orden judicial para interceptar mis comunicaciones y las de mis pequeños hijos. Recibí unos oficios de algún funcionario de bajo orden diciéndome que no podían responderme eso porque era un secreto de Estado. Así de simple.

Cómo prosperó el proceso de Buitrago en mi contra

Años después, durante este proceso de la Buitrago en mi contra, me enteraría que éste lo tuvo la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía. Y, seguramente, tras de un par de años de interceptaciones y seguimientos “legitimizados”, por el cartel de la toga, no encontraron ni una brizna de evidencia para acusarme por actividades terroristas. Aparte, eso sí, de “filtraciones” malévolas a ciertos medios donde se anunciaban investigaciones en mi contra por urdir un supuesto Golpe de Estado contra Juan Manuel Santos. Delirante, pero cierto. De eso me estaban montando un proceso.

Poco a poco, el complot montado contra el Coronel Plazas se derrumbó. Hermens Darío Lara, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá hizo un salvamento de voto en la sentencia acusatoria de otros magistrados de ese Tribunal, relacionados de alguna manera con la narcoguerrilla, y ese documento fue utilizado para la casación ante la Corte Suprema de Justicia que, ante la magistral sustentación de Lara Acuña, y la evidencia de las pruebas encontradas, no tuvo otra opción que absolver al Coronel Plazas. Como durante unos años de interceptaciones la Fiscalía no encontró nada para poder acusarme, la denuncia de la Buitrago se fue para una Fiscalía común, la 224 en manos de Danilo Arévalo Enríquez. Allí urdieron la manera de obtener la condena que lograron en días pasados. Muy sencillo: había que violarme el debido proceso.

Y la manera de hacerlo fue simple. Ya corría el año 2015. Una verdadera avalancha de procesos en mi contra fueron abiertos. Desde Injuria y Calumnia, hasta concierto para delinquir, instigación a delinquir, pasando por las denuncias que me puso Andrés Villamizar (entonces director de la UNP) quien, en complicidad con un delincuente cibernético y con la familia de mi ex suegra -con familiares en las FARC y cercanos todos a Pitirri- me acusó de abusar sexualmente de mis pequeños hijos. Por supuesto, luego de un tortuoso año de investigaciones y torturas psicológicas a mis hijitos, en las que estuvieron involucrados -según las mismas palabras de mi ex suegra Miryam López Castañeda (cuyo hermano es candidato al Senado por el Centro Democrático), me dijo, palabras más palabras menos: “todos sus enemigos nos hemos unido en su contra. Lo vamos a volver mierda. El director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscal Buitrago, el Doptor (sic) Villamizar y otros nos hemos unido. No le vamos a dejar la vida en paz”. (Ella y su hijo fueron a las oficinas de José Obdulio Gaviria en 2015, para conspirar en mi contra. Curiosamente, en estas elecciones, su hermano fue aceptado como candidato al Senado, a pesar de que esa familia detesta a Uribe y que, en chuzadas telefónicas que me hicieron siempre intentaron infructuosamente que yo hablara mal de Uribe y de María Fernanda Cabal)

Y así sucedió. Antes, en el 2014, mientras yo era atacado por otros flancos, esta señora se encargó de armar un proceso brutal en mi contra valiéndose de la ayuda de la administración de Gustavo Petro, la Personería, la Comisaría de Familia y la Defensoría del Pueblo, entre otros, para sacar adelante una denuncia de ella en mi contra por supuesto maltrato y violencia intrafamiliar. Ella, en compañía de su hijo Ronald Torres López, llegaron a mi apartamento, me robaron computadoras, USB, documentos que luego fueron publicados por las redes, y se saquearon el mercado de mis hijos. Todo eso fue denunciado ante la Fiscalía. Pero, por obvias razones, el proceso no prosperó, a pesar de tener videos que probaban todo, y el testimonio firmado y presentado ante Fiscalía, de mi ex esposa, quien narró a las autoridades cómo fue drogada por su madre y obligada a firmar la denuncia en mi contra.

También declaró ella cómo le prometieron trabajo con Petro, casa y pago en efectivo si continuaba el proceso en mi contra. Le dijeron: “su testimonio es lo único con lo que podemos joder a ese hijueputa de Puentes. Usted no puede retractarse porque nos jode a todos.” Ella, cuando vio la enormidad de lo que se me intentaba hacer, reaccionó y fue a contar todo ante las autoridades. Y el proceso en mi contra se cayó.

A finales de ese 2014, yo logré sacar a mi familia hacia Estados Unidos. Y decidí quedarme para continuar la lucha por la democracia y, por supuesto, buscar un medio de sustento para mantener los gastos de mi familia en USA: Pero, en diciembre de 2014, se sumaron a la bandola José Obdulio Gaviria y Alfredo Rangel. Los hermanos Galán y su primo Andrés Villamizar les pidieron que me sacrificara, que me obligaran a cerrar Periodismo Sin Fronteras. Como me negué, me sacaron del la UTL del Congreso. A cambio, según me narró una fuente hace poco, hubo promesas de Villamizar de entregar el manejo de la contratación, ampliarles el esquema de seguridad, etc. Lo de los contratos no se cumplió porque, gracias a unas investigaciones que realicé sobre el desfalco en la UNP, Villamizar no duró mucho tiempo más en esa entidad.

Sin un peso, y sin manera de sostener las necesidades de mi familia, estaba yo evaluando mi situación, cuando me llegó una citación del Fiscal Danilo Arévalo para acudir a la imputación de cargos por una denuncia de Ángela María Buitrago.

Solo en ese momento conocí de esa denuncia. Acudí al despacho del Fiscal en compañía de mi abogado, pero él nunca nos recibió. Nos envió razones con su asistente, a quien le pedimos copia del proceso (que nunca fue entregado). Yo envié un derecho de petición al Fiscal preguntando por qué se me violaba el derecho al debido proceso, al no haberme sido notificadas las citaciones al evento previo de la imputación, que es el llamado a la conciliación.

Porque durante todo este circo, desde la misma audiencia de Imputación de Cargos que me hizo Nathalie Andrea Motta Cortés, la juez 5 Penal Municipal de Garantías -y así quedó registrado en los videos- protesté y manifesté que jamás había sido notificado, y que ni la fiscalía ni ese despacho tenían excusa ya que en todos los procesos anteriores siempre fui notificado en mi correo electrónico. Incluso para esa audiencia de imputación recibí la citación en mi email. ¿Por qué para las audiencias de conciliación no? Obvio: me querían condenar.

Las amenazas contra mi vida se arreciaron, así que salí del país y dejé encargado del caso a mi abogado. Luego él me manifestó que las audiencias se llevaron a cabo sin que lo notificaran.

La Dra. Aurora Alexandra Sánchez Torres, juez 22 Penal Municipal de Conocimiento, el Fiscal Manuel Antonio Aponte Abella (Fiscal Delegado 219), Gina Paola Vizcaíno Gutiérrez (Procuradora 7 judicial Penal 2, subalterna de Fernando Carrillo –el camarero de Pablo Escobar), se encargaron del resto.

Luego de enterarme de que la juez Sánchez Torres había nombrado -sin mi aprobación- un abogado de oficio, que con toda probabilidad colaboraría con mi condena, el Dr. Fernando Vargas Q., por gestión de una ONG que asumió mi defensa, acudió a apersonarse de mi caso.

En esa audiencia, en octubre de 2017, quedó comprobado el contubernio. Aunque siempre me negué a creer lo que me dijo un asistente a varias de esas audiencias -que la ex Fiscal Buitrago, la Procuradora Vizcaíno, el Fiscal Aponte Abella, el tenebroso William Monroy (abogado de la Buitrago y reconocido de autos) y la misma juez Sánchez Torres actuaban como si fueran antiguos y cercanos camaradas, lo sucedido ese día me puso a dudar.

Es normal, para quienes conocen ese mundo, que una ex fiscal tan poderosa como Ángela María Buitrago intimide a novatos y funcionarios de menos rango, como esta juez. Sucede a menudo y es parte de la dinámica de ese gremio, y por eso esta gente se dedica luego a litigar, ya que gozan de cierto poder entre fiscales y jueces, que se inclinan con reverencia ante los deseos de funcionarios de este calibre e importancia.

El Dr. Vargas Quemba acudió, pues, a esa audiencia. Y desde un principio, cuando una funcionaria del CTI de la Fiscalía reconoció ese día -por torpeza suya- que habían interceptado mis comunicaciones digitales sin orden judicial, se vio de qué lado estaba inclinada la balanza. Fernando Vargas le hizo un par de preguntas a la funcionaria del CTI, ante lo cual la juez lo recriminó por atreverse a preguntar. Vargas demostró que yo no había sido notificado, y en cambio la Buitrago sí. Y la Dra. Aurora Alexandra Sánchez le desestimó todo diciendo que no era “momento procesal” ni para contra-interrogar ni para dejar ese tipo de constancias.

Entonces, el abogado Vargas Quemba solicitó la nulidad del proceso. La juez Aurora Alexandra Sánchez se negó. La procuradora Gina Paola Vizcaíno le dijo con sorna a Vargas que “tranquilo Dr. que esto ya está definido hoy”, mientras sonreía burlona con el consentimiento de la juez y el fiscal Aponte. Todos entendimos ahí que mi condena ya estaba pactada entre ellos.

La juez Aurora Alexandra Sánchez le contestó a Vargas que no iba a tramitar la nulidad. Eso para impedir que Vargas Quemba pudiera recurrirla. La juez sabía que, si negaba en ese momento la solicitud de Vargas respecto a la nulidad, éste podría recurrirla y ello pondría en peligro la condena que ya me tenían lista. Para quienes no lo sepan, el procedimiento obligatorio es que, cuando alguien plantea nulidad, ésta debe decidirse inmediatamente. Pero la juez dijo que tomaría la decisión al final, obviamente después de mi condena. Un absurdo.

Lo que siguió fue más inverosímil. Fernando Vargas solicitó correr traslado de esa decisión para poder apelar. Es decir, se les dice a las partes que se corre traslado y entonces el abogado puede, en ese momento procesal, apelar. Pero la juez Aurora Alexandra Sánchez, muy astutamente, también se negó a ese derecho de mi abogado, a pesar de que él sustentó jurídicamente, con códigos y sentencias, que era obligatorio del juzgado tramitar eso.

Así, como la juez Aurora Alexandra Sánchez -con la complicidad del ministerio Público, que comanda Fernando Carrillo– negó todos los recursos legales que son derecho para la defensa, Fernando Vargas no tuvo más remedio que renunciar a defenderme aduciendo que no existían garantías en mi caso, y dejando constancia de que “en todos mis años ejerciendo como abogado, jamás había visto tantas violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa, como en este caso contra el periodista Ricardo Puentes Melo”.

Eso no fue problema para la juez Aurora Alexandra Sánchez, la Buitrago, William Monroy, la procuradora Gina Paola Vizcaíno y el fiscal Manuel Antonio Aponte. Como en una corte staliniana o castrista, terminaron el teatro de su ignominia condenándome a 4 años (que se redujeron a 20 meses, gracias a la “benevolencia” de la juez), la orden de pagar no sé cuántos millones a Ángela María Buitrago y quitar los artículos de Periodismo Sin Fronteras donde se menciona a esta Fiscal y donde se asegura que hubo prevaricación en el caso contra Plazas Vega.

Eso va a ser como difícil, señora Juez y amigos. Si creen que un proceso lleno de atrocidades legales en mi contra va a amilanarme, se equivocan. No han podido ni los intentos de asesinato en mi contra, ni la bomba que intentaron dejar para volar en pedazos a mis hijos mientras yo no estaba, ni el secuestro de mi hijo Alejandro, ni los correos amenazantes acerca de mis hijos, ni el montaje de Villamizar-ICBF-Comisaría de Familia-Personería-Defensoría del Pueblo que, auxiliados por familiares de bandidos de las FARC y promesas de la alcaldía de Petro, intentaron hacerme.

He sido apuñaleado, baleado, golpeado, injuriado por bandidos de toda clase, incluido candidato presidencial y millonarios paisas. He sido traicionado por quienes pensé que eran mis amigos, metiendo en ese grupo a quienes creí que ya no tenían nexos con los criminales marxistas. Mi cabeza ha tenido precio. Las FARC ordenaron mi asesinato -y así lo denuncié ante la Fiscalía, con las grabaciones adjuntas- y nada pasó. Los bandidos, dirigiendo poderosos estamentos institucionales de mi país, quisieron encarcelarme acusándome de abusador sexual de mis hijos, buscando que me asesinaran en una cárcel.

De todo me ha pasado, como para terminar asustándome por una condena que una camarilla judicial urdió y sacó adelante.

Me reafirmo: Hubo prevaricato en el proceso contra los militares del Palacio de Justicia y, especialmente, contra el coronel Alfonso Plazas Vega. Y creo firmemente que, en un país decente, la señora Ángela María Buitrago ya estaría tras las rejas.

 Así que, apelaré esa sentencia espuria. Sigo confiando en que, en algún lugar de nuestros tribunales, existen todavía jueces y fiscales que no son parte de la mafia judicial y que son dignos exponentes de eso que se perdió hace años en Colombia: la majestad de la justicia.

Periodismo sin Fronteras, Bogotá

LA CONDENA EN MI CONTRA: GOLPEADO PERO NO VENCIDO

17 de febrero de 2018

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